El juego de la política y la muerte

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El 17 de abril de 2005 cinco australianos fueron arrestados en Denpasar (Indonesia) al intentar pasar 8,3 Kg. de heroína de Bali a Australia. Se les conocía como los Bali 9 y siete de ellos recibieron largas penas de cárcel debido a la dura legislación antidrogas indonesia. Los cabecillas de la banda, Andrew Chan y Myuran Sukumaran, fueron condenados a muerte y ya han agotado todas las vías de recurso, por lo que morirán fusilados a finales de febrero. Si estas sentencias se cumplen –y todo parece apuntar a que se cumplirán– serán los primeros ciudadanos australianos en ser ejecutados en Indonesia.

La última ejecución llevada a cabo en Australia tuvo lugar en 1967 y la pena capital fue abolida en todos los estados en 1985. Se trata de un país oficialmente en contra de la pena de muerte, y, como tal, en él se han llevado a cabo campañas para pedir clemencia con Chan y Sukumaran, tanto por parte del Gobierno como de los medios de comunicación. No se trata del primer caso en el que Australia intenta intervenir cuando uno de sus ciudadanos se encuentra en el corredor de la muerte (lo mismo ocurrió con Van Tuong Nguyen, que a pesar de todo fue ahorcado en Singapur en 2005), pero en este caso la campaña está siendo aún mayor debido a que los implicados dicen estar rehabilitados. Han realizado un gran trabajo durante los diez años que han estado en prisión, ayudando a otros internos a recaudar dinero para comida o medicinas y tratamientos, así como coordinando las clases de arte, cocina e informática. También son los responsables de haber impulsado las primeras clases conjuntas de hombres y mujeres, lo que dio acceso a estas últimas a actividades que antes no tenían permitido realizar. Actualmente, Chan quiere intentar ser pastor de la iglesia cristiana y Sukumaran se encuentra inmerso en la pintura.

Algunos destacan la hipocresía de los activistas que están llevando a cabo las campañas, ya que no cuestionan las ejecuciones de ciudadanos indonesios o de otras nacionalidades. Sin embargo, en un mundo en el que la pena de muerte está permitida por la legislación internacional, debe aceptarse la soberanía de Indonesia. Esto no quiere decir que Australia (u otros países) no puedan protestar contra la pena de muerte y, de hecho, se están dando pasos hacia su abolición a nivel mundial[2]; sin embargo, es importante respetar el derecho de otros países al autogobierno. Lo que sí que estos países pueden hacer es implorar clemencia para sus propios ciudadanos.

Algo mucho más hipócrita e increíblemente alarmante son la indecisión y la actitud de descuido del gobierno indonesio en lo que a la pena de muerte se refiere. El presidente Joko Widodo (conocido como Jokowi) prometió que no habría indulgencia para los narcotraficantes y defiende las ejecuciones (el mes pasado seis personas, entre las que contaban cinco extranjeros, fueron ejecutadas por delitos relacionados con drogas). Sin embargo, al mismo tiempo está dando grandes pasos a la hora de salvar a los ciudadanos indonesios del corredor de la muerte en otros países, entre los que supuestamente se incluyen aquellos detenidos por delitos relacionados con las drogas. El ministro de asuntos exteriores indonesio, Retno Marsudi, ha anunciado que se ayudará a los 229 ciudadanos indonesios que se encuentren en el corredor de la muerte en otros países[3].

Por otro lado, se da la situación de que el Gobierno está pagando 1,9 millones de dólares manchados de sangre a Arabia Saudí para que se le perdone la vida a una empleada del hogar que fue juzgada por haber robado y asesinado a la mujer de su jefe (ella se defiende alegando que se abusaba de ella) [4]. Mientras tanto, hay informes que demuestran que Jokowi ha desestimado los recursos interpuestos por traficantes de drogas sin haberlos siquiera leído. Tal y como ha declarado Tim Lindsey, presidente del Australia Indonesia Institute: «es difícil no llegar a la conclusión de que el enfoque del gobierno de Jokowi sobre las drogas y la muerte es más una cuestión de populismo que de principios». [3] En el pasado se consideró a Jokowi un líder débil, por lo que parece que está utilizando este asunto como herramienta para demostrar fidelidad a sus propias convicciones.

Algunos destacan que Chan y Sukumaran deben enfrentarse a las consecuencias de haber intentado traficar con una droga que causa grandes perjuicios a numerosas personas en un país famoso por sus penas de muerte. Otros dicen que todo el mundo merece una segunda oportunidad y que la pena de muerte constituye un abuso de los derechos humanos. De hecho, existen muchos argumentos en contra de la pena capital (todo el debate ha sido resumido brillantemente por BBC Ethics [5]), como que no haya pruebas de que sea un método disuasivo, la irreversibilidad de los errores o la idea de «embrutecimiento» (más asesinatos, gente clamando sangre, que se relacione al Estado con la violencia), aunque en este caso todavía queda mucho por debatir más allá de la moral y la efectividad de la pena capital.

Me parece escalofriante que se asesine de manera sistemática y a sangre fría a los convictos para eliminarlos de la sociedad. Sin embargo, lo que más me asusta es la idea de que, en vez de examinar los casos individuales juzgando si la pena es «justa» y si el individuo puede ser rehabilitado, el presidente indonesio esté a punto de ejecutar a estos hombres para mantenerse firme ante la mayoría de indonesios que apoyan la pena capital en delitos relacionados con las drogas. Se trata de vidas humanas. Si se ejecuta a los delincuentes, que sea porque se considera que es lo correcto y que es imposible rehabilitarlos, pero no porque cuenten como puntos extra en los concursos de popularidad del sistema político.

 

 

Alice Walker

Traducción: Luis Miranda (asistente: Johnny Skilling)

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