¿Derecho a la intolerancia?

A Right to be Bigots?

Tras los ataques a la oficina de Charlie Hebdo en París, el mundo entero se ha enzarzado en un debate sobre la libertad de expresión y el respeto a las religiones. Sea cual sea nuestra opinión sobre la revista, nadie puede justificar el terrorismo o la violencia como respuesta a los comentarios ofensivos, razón por la que el mensaje Je suis Charlie ha resonado con tanta fuerza. Teniendo en cuenta que tanto la comedia como la sátira están generalmente al margen de las leyes de expresión, el debate surgido a raíz de estos acontecimientos está ampliamente conectado a este otro: ¿dónde queda el límite entre la prevención de la discriminación y la defensa de la libertad de expresión? ¿Qué se considera censura y qué se considera necesario para el bien de la sociedad? La discusión, más en torno a la raza que a la religión, está presente en Australia desde principios de 2014 y es especialmente pertinente debido al dolor y a la ira que sigue a estos tristes sucesos, los cuales ponen en tela de juicio nuestra concepción de la expresión, de los derechos humanos y de la justicia.

La Ley Australiana sobre Discriminación Racial de 1975, y más en concreto, el artículo 18C, recoge la ilegalidad de los actuaciones públicas que puedan incurrir presumiblemente en la ofensa, el insulto, la humillación o la intimidación de las personas por su raza, color u origen étnico o nacional[1]. En marzo de 2014 el Gobierno propuso ciertos cambios especialmente polémicos, entre los que se incluyen el remplazar la ofensa, el insulto y la humillación por la denigración, además de la inclusión de dos nuevas subsecciones. La primera recogería la necesidad de un juicio basado en los valores de un ciudadano medio y responsable de la comunidad australiana, en lugar de uno basado en los de cualquier grupo concreto de entre la totalidad de la comunidad australiana. La segunda expone una larga lista de excepciones: la ley no se aplicaría en caso de que la comunicación tuviera lugar en el curso de una discusión pública de carácter político, social, cultural, religioso, artístico, académico o científico[2]. Todas estas excepciones plantean no solo la pregunta de si dicha ley sería finalmente efectiva o no, sino que más bien piden a gritos que preguntemos quién es un australiano de a pie: ¿un individuo perteneciente a una minoría racial puede ser a la vez un australiano medio y responsable? ¿O sería en cambio un representante de un grupo concreto?

George Brandis, el instigador de estos cambios, dijo en el parlamento que, bueno, la gente tiene derecho a la intolerancia... Alarmantes valores para ser ovacionados. Además, parece ignorarse el hecho de que la ley se aplica únicamente a los medios de comunicación públicos, puesto que en los privados se puede ser tan intolerante como se desee. Pero a lo que George se refería es a que la gente tiene derecho a la libertad de expresión, incluso cuando esta pueda ser agresiva o discriminatoria en potencia. El presidente de la Comisión para los Derechos Humanos en Australia, Tim Wilson, ha manifestado su apoyo al escribir que limitamos el discurso del acoso, el que incita a la violencia, pues daña la seguridad física de los otros, en lugar de limitar el discurso que simplemente pueda dañar la sensibilidad de los demás[3]. Argumenta así que la discriminación racial debería controlarse mediante presión social y no por ley, y que de esta manera si alguien dijera algo inconcebible para el resto debería ser acallado por las masas.

Es de los de la idea de que debería evitarse la censura excesiva, pero obvia un par de hechos cruciales. Para John Budarick uno de ellos es que la libertad de expresión no es lo mismo que la igualdad de expresión[4]. Las minorías tienen un acceso significativamente menor a los medios de comunicación de masas, lo que dificulta su representación y, del mismo modo, sus medios para acallar a los contrarios. El otro es el impacto real del racismo en la esfera pública: el artículo 18C se introdujo de hecho como respuesta a las investigaciones que demostraron que no solo la discriminación racial tiene un profundo impacto psicológico, sino que además implica formas mucho más crudas de violencia y marginalización al suponerse la aceptación de este tipo de comportamientos[5].

Es igualmente importante que nos fijemos en aquello a lo que realmente llamamos libertad, ese concepto que fijó Abraham Lincoln, y por el que reconocemos a Shamsul Khan, primero en utilizarlo en relación a este debate[6], al afirmar que para algunos la palabra libertad puede significar que cada hombre haga lo que quiere de sí mismo […]; mientras que para otros, […] puede significar que algunos hombres hagan lo que les dé la gana con otros hombres […][7]. Son dos concepciones contradictorias y excluyentes, puesto que en ninguna sociedad somos realmente libres como para hacer lo que nos venga en gana, dado que no somos libres de hacer daño a los demás. Es decir, damos preferencia a los derechos humanos sobre la libre actuación. Las leyes de difamación son un ejemplo relevante y la hipocresía de los políticos al respecto se ha señalado una y otra vez, ya que muchos de ellos se parapetan en las mismas para censurar la libertad de expresión y mantener así su reputación intacta.

Debido a la presión pública y a prioridades políticas, el Gobierno dio marcha atrás en el proyecto del artículo 18C, pero los ataques de París han sacado la libertad de expresión a colación; se han vuelto a poner los cambios encima de la mesa y sin ninguna duda el debate continúa en otros países. Siempre debemos cuestionar nuestras propias leyes, pues representan valores en un momento determinado del tiempo. Imaginen el estado de la sociedad en la que seguiríamos viviendo si nunca hubiese cambiado nada: muchos de nosotros ni siquiera podríamos votar, y eso solo para empezar. Asimismo, hemos de persistir en la valoración que tenemos hoy en día de los derechos humanos. ¿Derecho a la intolerancia o derecho a la protección contra la discriminación racial? Se trata de una cuestión de prioridades. Yo sé qué escogería.

 

 

Alice Walker

Traducción: Raquel Velasco (asistentes: Ruby Zajac, Isabel Ciudad)

[1] (N. del T.). Racial Discrimination Act of 1975 – Sect 18C

[2] http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/rda1975202/s18c.html> La traducción es nuestra.

[3] (N. del T.). Freedom of Speech (Repeal of S. 18C) Bill 2014 <http://www.ag.gov.au/Consultations/Documents/Attachment%20A.pdf> La traducción es nuestra

[4] (N. del T.). Budarick, J. (2014): “Debate on free speech alone means little for minorities”, The conversation <http://theconversation.com/debate-on-free-speech-alone-means-little-for-minorities-30397> La traducción es nuestra.

[5] (N. del T.). “At a glance: Racial vilification under sections 18C and 18D of the Racial Discrimination Act 1975 (Cth)” <http://www.humanrights.gov.au/our-work/race-discrimination/projects/glance-racial-vilification-under-sections-18c-and-18d-racial> La traducción es nuestra.

[6] (N. del T.). Khan, S. (2014): “A muslim perspective on Racial Discrimination Act amendments”, The conversation <http://theconversation.com/a-muslim-perspective-on-racial-discrimination-act-amendments-25596> La traducción es nuestra

[7] (N. del T.). Lincoln, A. (1864): “Address at a sanitary fair” <http://teachingamericanhistory.org/library/document/address-at-a-sanitary-fair/> Traducción de Orozco, J.L. (2007): ¿Hacia una globalización totalitaria? Pág. 98. Fontamara, 1ª Ed. México D.F.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *